En una contundente muestra de unidad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se manifestaron en las instalaciones de la alcaldía para hacer escuchar sus demandas.
La base policial ha decidido romper el silencio frente a lo que consideran una gestión deficiente del nuevo mando, exigiendo garantías laborales básicas y el esclarecimiento de presuntas instrucciones que comprometen la integridad de la corporación.
El conflicto escaló con la entrega formal de un pliego petitorio dirigido a la presidencia municipal. Entre las exigencias centrales destaca la necesidad de un mando con perfil profesional y experiencia policial probada. Los uniformados denuncian trabajar en condiciones críticas: falta de uniformes, equipo táctico insuficiente y patrullas con mantenimiento deficiente que carecen del combustible necesario para patrullajes efectivos.
En el aspecto económico, la indignación es palpable. Los elementos exigen la homologación salarial basada en grado y antigüedad, así como la restitución inmediata de los apoyos de despensa. Asimismo, demandan la contratación de un seguro de vida digno, señalando que es imperativo contar con protección ante los riesgos inherentes a su labor. Para garantizar la transparencia, solicitan que toda mesa de diálogo sea videograbada, evitando acuerdos que no queden debidamente registrados ante la tropa.
Las denuncias más delicadas provienen de testimonios que, bajo anonimato por temor a represalias, señalan presuntas irregularidades administrativas. Los oficiales refieren haber recibido instrucciones para omitir acciones ante actividades ilícitas como la tala clandestina y el narcomenudeo. Ante esto, los elementos han manifestado su rechazo rotundo a cualquier práctica que vulnere el estado de derecho.
Hasta el momento, las autoridades del Ayuntamiento de Villa del Carbón no han emitido una respuesta oficial ni han establecido un canal de comunicación para resolver las peticiones del pliego. La movilización continúa, y los elementos de seguridad mantienen su postura de no retomar actividades ordinarias hasta que se establezcan compromisos claros y firmes que aseguren la justicia laboral y operativa en la corporación.
